Washington — En el día de hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13692, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cuatro funcionarios actuales o exfuncionarios del gobierno venezolano asociados con hechos de corrupción y represión en Venezuela.
“El presidente Maduro y su círculo de colaboradores siguen anteponiendo sus propios intereses a los del pueblo venezolano”, señaló el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Esta medida subraya la determinación de los Estados Unidos de exigir que Maduro y otras personas que participan en actos de corrupción en Venezuela, rindan cuentas por sus acciones. Instamos a todas las partes interesadas y a los socios internacionales en todo el mundo, a acompañarnos en apoyo al pueblo venezolano, para seguir aislando a este régimen opresivo”.
Estas designaciones, en todos los casos aplicadas a altos funcionarios militares, resaltan que la corrupción y la represión siguen propagándose en el régimen de Maduro, tanto por parte de quienes ocupan actualmente cargos gubernamentales como por exfuncionarios que continúan beneficiándose de un sistema corrupto, incluso mientras sucumben los ciudadanos, la economía y las instituciones democráticas consagradas en la constitución de Venezuela. Más recientemente, luego de las elecciones de alcaldes en las cuales su Partido Socialista Unido de Venezuela se impuso en una elección casi sin contrincantes, el presidente venezolano Nicolás Maduro amenazó con prohibir que los partidos políticos que boicotearon las elecciones participaran en el proceso político en el futuro. La Asamblea Constituyente ilegítima de Venezuela emitió luego un decreto que ratificó esa amenaza y quitó a tres influyentes partidos opositores venezolanos, el derecho a participar en la elección presidencial del año próximo. Mediante sus acciones continuas, los cuatro funcionarios designados hoy han abandonado la misión profesional republicana de la institución militar la cual, en el marco de la Constitución de 1999, es “sin militancia política… está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes de los siguientes funcionarios actuales o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, que estén sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedan inmovilizados, y se prohíbe de manera general a personas estadounidenses realizar transacciones con los mismos.
· Rodolfo Clemente Marco Torres es gobernador del estado Aragua y director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres se desempeñó previamente como ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Alimentación, y es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Marco Torres habría sido presuntamente vinculado con tramas de corrupción en la importación de alimentos, que son controlados por las fuerzas militares venezolanas.
· Francisco José Rangel Gómez es exgobernador del estado Bolívar y miembro retirado del Ejército Nacional, con rango de general de División. Durante su gestión como gobernador, Rangel Gómez ha sido vinculado con actividades de corrupción, como el fortalecimiento de bandas armadas que operan en Bolívar y presiones a tribunales para que liberen a miembros de bandas que son detenidos. Rangel Gómez también ha sido vinculado con redes de militares presuntamente corruptas.
· Fabio Enrique Zavarse Pabón, general de División de la Guardia Nacional Bolivariana, es comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital de la Fuerza Armada Nacional y estuvo además al frente de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión perpetrados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas que se manifestaron en las calles de Venezuela.
· Gerardo José Izquierdo Torres, mayor general del Ejército, es ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos. Presuntamente habría usado sus cargos para beneficiarse mediante corrupción a expensas del pueblo venezolano.
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