Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
Washington — La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (siglas en inglés “OFAC”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a ocho funcionarios del gobierno de Venezuela, conforme al Decreto del Ejecutivo 13692. Los funcionarios designados, miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia o TSJ), son responsables de una serie de decisiones judiciales durante el último año que han usurpado el poder de la legislatura de Venezuela democráticamente elegida, la Asamblea Nacional, incluyendo la autorización concedida al Poder Ejecutivo para que gobierne mediante decretos de emergencia, limitando de este modo los derechos y frustrando la voluntad del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional se encuentra controlada por una mayoría constituida de miembros de la oposición desde enero de 2016.
“El pueblo venezolano está sufriendo el colapso de su economía provocado por el mal manejo y la corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han agravado esta situación al interferir constantemente con las facultades del poder legislativo,” expresó el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos está apoyando al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover el gobierno democrático en su país.”
Los ocho funcionarios son el Presidente del TSJ de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez, y los siete miembros principales de la Sala Constitucional del TSJ (La Sala Constitucional del TSJ TSJ-C): Juan José Mendoza Jover (Vicepresidente segundo del TSJ y Presidente de la Sala Constitucional del TSJ); Arcadio de Jesús Delgado Rosales (Vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ); Gladys María Gutiérrez Alvarado (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ y ex Presidente del TSJ); Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ); Luis Fernando Damiani Bustillos (Juez de la Sala Constitucional del TSJ); Lourdes Benicia Suárez Anderson (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ); y Calixto Antonio Ortega Ríos (Juez de la Sala Constitucional del TSJ). Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos pertenecientes a los individuos designados en jurisdicción de los Estados Unidos han sido congelados, y queda prohibido de manera general a todo ciudadano estadounidense participar en transacciones que involucren a los mismos.
Durante el último año, la Sala Constitucional del TSJ ha emitido una serie de decisiones interfiriendo o limitando las facultades de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en enero de 2017, la Sala Constitucional del TSJ resolvió que el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro pronunciaría su mensaje anual ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional, tal como dispone la Constitución. En diciembre de 2016, la Sala Constitucional del TSJ designó a los miembros del Consejo Electoral Nacional, un deber constitucional de la Asamblea Nacional. En octubre de 2016, la Sala Constitucional del TSJ resolvió que el Poder Ejecutivo de Venezuela estaba eximido de presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional, tal como exige la Constitución, y que el mismo sería presentado en cambio a la Sala Constitucional. En múltiples decisiones emitidas entre julio de 2016 y enero de 2017, la Sala Constitucional del TSJ, a solicitud del Poder Ejecutivo, en lugar de la Asamblea Nacional, ha renovado reiteradamente una extensión del estado de emergencia, un mecanismo por la cual se pueden limitar temporalmente los derechos constitucionales.
La Sala Constitucional del TSJ ha emitido asimismo decisiones limitando la capacidad de la Asamblea Nacional de cumplir con sus deberes constitucionales. En septiembre de 2016, la Sala Constitucional del TSJ dictaminó a ciertos actos de la Asamblea Nacional fueran considerados de nulidad absoluta e inválidos. Recientemente, a fines de marzo de 2017, la Sala Constitucional del TSJ emitió dos decisiones que recibieron críticas generalizadas por parte de la comunidad internacional, como así también del pueblo venezolano y del seno del gobierno de Venezuela. Las decisiones quitaban la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional y permitían a la Sala Constitucional del TSJ asumir funciones legislativas. Si bien estas decisiones fueron rectificadas parcialmente por la reacción adversa que provocaron, otras decisiones de la Sala Constitucional del TSJ permanecen en efecto y reflejan un esfuerzo a largo plazo por limitar las facultades del Poder Legislativo y socavar la voluntad del pueblo venezolano.
Los ocho jueces designados hoy son los responsables de estas decisiones. Los jueces de la Sala Constitucional del TSJ redactaron de manera conjunta la mayoría de las mismas, y Maikel José Moreno Pérez, a cargo como Presidente de supervisar el TSJ en su totalidad, las defendió públicamente.
El Departamento del Tesoro ha tomado las medidas de hoy después de consultar con el Departamento de Estado, conforme lo dispuesto por el Decreto del Ejecutivo 13692. El gobierno de los Estados Unidos sigue reclamando al gobierno venezolano que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida de cumplir con sus funciones constitucionales.
A los fines de la identificación de los individuos designados hoy, haz clic aquí.
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Publicado originalmente en inglés en https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0090.aspx
