Departamento del Tesoro sanciona al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Comunicados de Prensa

26 de abril de 2019

Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro incluyó hoy en su lista de sanciones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, y sus enmiendas, a Jorge Alberto Arreaza Montserrat, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y Carol Bealexis Padilla de Arretureta, ambos funcionarios actuales o previos del gobierno de Venezuela.

“Los Estados Unidos no se van a quedar de brazos cruzados observando mientras el régimen ilegítimo de Maduro priva a los venezolanos de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia”, declaró el Secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro continuará apuntando contra los corruptos del círculo más cercano de Maduro, incluidos aquellos encargados de conducir la diplomacia y hacer justicia en nombre del régimen ilegítimo. Este Gobierno apoya al pueblo venezolano y, conjuntamente con una coalición internacional, está comprometido a hacer rendir cuentas a los responsables del trágico declive de Venezuela”.

La OFAC incluyó hoy en su lista de sanciones a las personas siguientes:

  • Jorge Alberto Arreaza Montserrat en agosto de 2017 fue nombrado ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Arreaza también ocupó los siguientes cargos oficiales antes de ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela: de 2010 a 2011, Arreaza fue viceministro de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; de 2011 hasta 2013, Arreaza fue el ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; entre 2013 y 2016, Arreaza fue el vicepresidente ejecutivo de Venezuela; en 2017, Arreaza fue nombrado ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.
  • Carol Bealexis Padilla de Arretureta es la jueza a cargo del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control. En diciembre de 2017 fue nombrada como jueza sustituta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Si desea más información acerca de los métodos que los políticos de alto rango de Venezuela, sus asociados y representantes de fachada utilizan para trasladar y esconder los beneficios de sus actividades corruptas, incluso cómo tratan de explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, sírvase consultar los informes de advertencia de la Red para la represión de delitos financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en FIN-2017-A006, “Advertencia acerca de la extendida corrupción estatal en Venezuela”; FIN-2017-A003, “Advertencia a las instituciones financiera y empresas y profesionales del sector inmobiliario” y; FIN-2018-A003, “Advertencia acerca de las violaciones de derechos humanos permitidos por políticos extranjeros corruptos de alto rango y sus facilitadores financieros”.

Como consecuencia de las medidas de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de estas entidades, y todas las entidades que sean el 50 por ciento o más de propiedad directa o indirecta de las entidades designadas, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción de estadounidenses o de personas que estén dentro o en tránsito por Estados Unidos, que involucre cualquier propiedad o interés en las propiedades de las personas bloqueadas o designadas en la lista de sanciones.

Las sanciones de Estados Unidos no tienen que ser permanentes; su intención es lograr un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha expresado claramente que las personas pueden ser retiradas de la lista de sanciones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 o la Orden Ejecutiva 13850, ambas con sus enmiendas, si toman medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático; rehúsan tomar parte en los abusos de derechos humanos; se pronuncian en contra de los abusos cometidos por el régimen de Maduro; y combaten la corrupción en Venezuela.

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