Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos
Miércoles 4 de enero de 2023
Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
Un exministro de Gobierno boliviano fue condenado hoy a 70 meses de cárcel por conspiración para blanquear fondos obtenidos mediante sobornos que recibió a cambio de ayudar en forma corrupta a una compañía estadounidense a conseguir un contrato lucrativo del gobierno boliviano.
Arturo Carlos Murillo Prijic, de 58 años, originario de Bolivia, se declaró culpable el 20 de octubre de 2022 a un cargo de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.
Según surge de documentos judiciales, Murillo recibió pagos de sobornos por al menos USD 532.000 de una sociedad con sede en Florida, a cambio de ayudar a esa compañía a obtener un contrato por cerca de USD 5,6 millones en el año 2019 para suministrar gases lacrimógenos y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia. Murillo y los demás implicados en la conspiración incorporaron lo obtenido mediante sobornos a mecanismos de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense, incluidas cuentas bancarias en Miami. Murillo recibió cerca de USD 130.000 en pagos de sobornos en efectivo en la vivienda de un familiar en Miami.
Los demás implicados —Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld— se declararon culpables previamente por su papel en el mismo plan y fueron condenados en junio de 2022.
El anuncio lo realizaron el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Juan Antonio González del Distrito Sur de Florida y el agente especial a cargo de la operación Michael E. Buckley, de la Oficinal Local en Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI).
El caso fue investigado por la Oficina Local en Miami de HSI (Unidad de Fort Lauderdale).
La fiscal Jil Simon y el jefe adjunto Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraude en la División Penal, junto a la fiscal auxiliar federal Eli S. Rubin del Distrito Sur de Florida, impulsaron el proceso penal. La fiscal auxiliar federal Gabrielle Charest-Turken gestionó la confiscación de activos.
La Sección de Fraude se ocupa de investigar y procesar penalmente asuntos vinculados con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Se puede consultar más información sobre las iniciativas de cumplimiento de la FCPA por parte del Departamento de Justicia a través de www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
