Departamento de Estado de EE. UU.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado
Anuncio de prensa
9 de marzo de 2022
Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
El Gobierno de EE. UU. manifiesta profunda consternación por la injusticia y la falta de transparencia con que se llevan a cabo los juicios contra presos políticos en Nicaragua. Mantenemos nuestro compromiso de brindar apoyo al pueblo nicaragüense combatiendo la corrupción y promoviendo la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro más auspicioso. A fin de promover este objetivo prioritario, hoy agregamos a nueve personas nicaragüenses a la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos, conforme a lo establecido en el artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States–Northern Triangle Enhanced Engagement Act), con sus modificaciones. El efecto general de la ley es que las personas incluidas en las listas no resultan elegibles para obtener visas y ser admitidas en Estados Unidos. La Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley RENACER) de 2021, que se aprobó con amplio apoyo bipartidista y fue refrendada por el presidente Biden el 10 de noviembre de 2021, amplió la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos para incluir a Nicaragua.
El Departamento de Estado agrega a los siguientes nueve funcionarios gubernamentales de Nicaragua a la lista, debido a que han socavado instituciones o procesos democráticos en Nicaragua:
- Cairo Melvin Amador, vicepresidente en funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, miembro actual del CSE y presidente interino del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021, y Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta en funciones del CSE, por conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para debilitar a las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir la elección nacional de noviembre de 2021 inhabilitando a partidos y candidatos opositores legítimos por razones infundadas.
- Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del FSLN desde 2007, por asegurar que actores leales al régimen de Ortega-Murillo obtuvieran todos los cargos correspondientes a jueces en el CSE y por asegurar la aprobación de leyes extremadamente amplias que el régimen de Ortega-Murillo utilizó para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.
- Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua, por el ejercicio abusivo de su autoridad y por subvertir procesos legales para actuar contra oponentes políticos del régimen de Ortega-Murillo e inhabilitar a candidatos opositores con el fin de impedirles participar en la elección de noviembre de 2021.
- Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, miembro actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Carlos Wilfredo Navarro Moreira, miembro actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y Gustavo Eduardo Porras Cortes, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por proporcionar al régimen de Ortega-Murillo las herramientas para llevar a cabo su temerario ataque a la democracia al colmar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega.
- María Haydée Osuna Ruiz, miembro actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua firmando una queja infundada que sirvió como pretexto para que el gobierno inhabilitara al último partido opositor legítimos restante y forzara a su líder a exiliarse.
Continuaremos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por hechos de corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas del pueblo de América Central. Apoyamos al pueblo nicaragüense en su lucha por restablecer las instituciones democráticas, elegir a sus líderes mediante elecciones libres e imparciales, y forjar el futuro que desean para ellos y para sus familias.
