Departamento de Estado de los Estados Unidos
Comunicado de prensa
Secretario de Estado, Antony J. Blinken
13 de junio de 2022
Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las injustas detenciones de presos políticos por parte del régimen de Ortega-Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Seguimos comprometidos con la aplicación de una serie de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Con este fin, el Departamento de Estado está tomando nuevas medidas para imponer restricciones a visas a otras 93 personas que se cree que han socavado la democracia tras la ilegítima reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior.
Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes. Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos y las instituciones nicaragüenses utilizando leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y a una docena de universidades de su condición legal.
El régimen retiene a más de 180 presos políticos, y muchos de ellos sufren la falta de alimentos adecuados, atención médica apropiada e incluso de luz solar. Un preso político ha muerto, y otros permanecen en régimen de aislamiento. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas. Los corruptos sistemas de seguridad y judicial del régimen detuvieron y procesaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al régimen represivo, actividades que deberían estar permitidas por la propia Constitución de Nicaragua o por cualquier sistema político democrático.
Estados Unidos reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de las personas injustamente detenidas y al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
