El décimo cuarto informe anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas, publicado el 20 de junio, reconoce los esfuerzos que ha tomado el Gobierno de Chile en la lucha contra la trata de personas y elevó el país por primera vez al Nivel 1. Esta designación es un indicativo de que Chile, junto a los otros países en esta categoría, cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de formas severas de la trata de personas.
Durante el período que abarca el informe, el gobierno de Chile mejoró sus esfuerzos en el cumplimiento de leyes para combatir la trata, fortaleciendo la capacidad policial y procesal, logrando así las primeras condenas en el país por trabajo forzado. El gobierno de Chile también mejoró los mecanismos de protección de víctimas y de prevención de la trata en el último año, estableciendo un detallado plan de acción nacional para combatir la trata y desarrollando una mayor coordinación entre las diversas instituciones.
El gobierno de Chile también publicó un protocolo interinstitucional de ayuda a las víctimas de trata en el que provee lineamientos y las responsabilidades de las agencias gubernamentales en torno al cuidado de las víctimas de la trata. Este protocolo fue implementado en la Región Metropolitana durante el período que abarca el informe, y hay planes de ampliarlo a otras regiones en el 2014. Las autoridades chilenas aumentaron los esfuerzos de prevención lanzando una campaña nacional de concientización para combatir la trata e impulsaron de manera sostenida campañas sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El gobierno también entregó capacitación a las tropas chilenas sobre el tema de la trata, previo a su participación en misiones de mantenimiento de la paz en otros países. Sin embargo, el informe señala que Chile aún es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Esto nos recuerda que las autoridades y la sociedad civil deben seguir atentos y deben mantener sus esfuerzos contra la trata de personas.
Con respecto al informe de este año, el embajador de los Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, señaló que “el ascenso de Chile a la categoría 1 es un reconocimiento a la dedicación y al trabajo arduo que realizan el Gobierno de Chile, instituciones y el Congreso en la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos, para asegurar el respeto y la dignidad de todas las personas”.
Cada año, el Secretario de Estado de los EE.UU. debe presentar al Congreso un informe sobre la trata de personas, según lo estipula la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de 2000 (TVPA), ley que es compatible con el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas. El objetivo del informe es promover la acción y crear asociaciones en todo el mundo en la lucha contra la trata de personas.
Informe
CHILE (Nivel 1)
Chile es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y menores que son objeto de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Tanto mujeres y menores chilenos como mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Colombia, son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en el país. Se han encontrado hombres, mujeres y menores, en su mayoría de Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador y también de otros países, que realizaban trabajos forzados en Chile en los sectores de la minería, la agricultura y la hotelería, así como en el servicio doméstico.
En 2013, las autoridades encontraron a 12 hombres de la India en un restaurante en Santiago en situación de trabajo forzado y a un gran número de bolivianos víctimas de trabajo forzado en la construcción. Las autoridades informan que los inmigrantes chinos pueden también ser vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual y al trabajo forzado. Las autoridades chilenas identificaron a más de 200 menores que estaban involucrados en actividades ilícitas en 2013, entre ellas el tráfico de drogas y los robos y algunos de ellos pueden haber sido víctimas de la trata de personas. Las autoridades chilenas dicen que Chile es un país de tránsito para las víctimas de la trata de personas de otros países.
El Gobierno de Chile cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Durante el periodo objeto del informe, las autoridades chilenas intensificaron la aplicación de la ley contra la trata de personas al ampliar la capacidad de las fuerzas del orden y de los fiscales y consiguieron las primeras condenas en el país por trata laboral. En 2013, el gobierno aumentó la coordinación interinstitucional y su capacidad para responder a la trata de personas por medio de la publicación de un plan nacional de acción y un protocolo para asistencia a las víctimas. Las autoridades chilenas siguieron ofreciendo servicios especializados a menores y mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y proporcionaron servicios de protección a un gran número de víctimas de la trata laboral. Los funcionarios del gobierno, especialmente los que se encuentran a primera línea fuera de la zona de la capital, siguen sin recibir la capacitación y recursos adecuados para identificar a las victimas de la trata de personas y dirigirlas a servicios de protección.
Recomendaciones para Chile:
Intensificar las investigaciones y enjuiciar todas las formas del delito de trata de personas y condenar y sancionar a los delincuentes de la trata de personas; en asociación con la sociedad civil, ampliar el acceso de las víctimas a servicios integrales por medio de un número mayor de remisiones a estos servicios y más fondos para los mismos; incrementar la capacitación de los socorristas de primera línea en cómo identificar a las víctimas y en la ejecución del nuevo protocolo de asistencia a las víctimas; seguir fortaleciendo la capacidad de las fuerzas del orden público para investigar los casos de trata de personas fuera de la capital, en particular los que impliquen posible trabajo forzado y servicio domestico forzado; expedir oportunamente visas temporales a víctimas extranjeras de la trata de personas a fin de que reciban los servicios necesarios; seguir ampliando la aplicación de la ley contra la trata de personas, incluso en casos de menores víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual cuando no se transporta a las víctimas, quizá ejecutando mecanismos que requieren que estos casos sean remitidos a la policía y a fiscales especialistas en la trata de personas; mejorar la recopilación de datos; y seguir mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional y la comunicación con organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular a nivel regional.
Enjuiciamiento
Durante el periodo comprendido en el informe, el Gobierno de Chile intensificó la aplicación de las leyes contra la trata de personas, al conseguir, entre otros, las primeras condenas en el país por trata laboral y al aumentar la capacitación de policías y fiscales. La ley 20507 prohíbe toda forma de trata de personas y prescribe sanciones que van desde 5 años y 1 día a 15 años de encarcelamiento, además de multas, por delitos relacionados con la trata de personas. Estas sanciones son suficientemente estrictas y conmensurables con las que se aplican a otros delitos graves, como la violación. Las autoridades chilenas siguieron investigando y enjuiciando varios casos de trata infantil con fines de explotación sexual dentro del país, y los presentaron como casos de explotación sexual de menores con fines comerciales o proxenetismo, delitos que a menudo reciben penas menores.
A febrero de 2014, la unidad de policía contra la trata de personas reportó tener 26 investigaciones de trata de personas abiertas durante el periodo comprendido en el informe, la mitad de las cuales estaba relacionada con la trata laboral. Esto representa un aumento en cuanto a las 18 investigaciones reportadas en 2012. En 2013, los fiscales chilenos abrieron 90 enjuiciamientos por trata de personas; 72 de los mismos estaban relacionados con facilitar la prostitución de menores, 14 casos estaban relacionados con la trata con fines de explotación sexual de adultos y cuatro estaban relacionados con la trata laboral. En 2013, el gobierno condenó a 12 delincuentes por trata de personas, comparadas con las 18 condenas por trata con fines de explotación sexual que se consiguieron en 2012, 13 de las cuales fueron en virtud de estatutos que prohíben la prostitución de menores.
Las autoridades condenaron a nueve delincuentes por la trata de personas por medio de los estatutos contra la trata de personas, dos de ellas fueron condenas por trata laboral. De los nueve delincuentes que fueron condenados, sólo tres fueron encarcelados; dos fueron encarcelados por cinco años y uno por 10. Otros condenados por la trata de personas, entre ellos los dos delincuentes por trata laboral, fueron puestos en libertad condicional o se suspendieron sus condenas y otros recibieron multas. Uno de los condenados por la trata de personas con fines de explotación sexual ya había estado en prisión por cinco años por la trata de menores con fines de explotación sexual. Además, las autoridades chilenas reportaron haber condenado a tres delincuentes por la trata de personas en virtud de estatutos que prohíben facilitar o fomentar la prostitución de menores, pero no reportaron el grado de sentencias de estas condenas.
El gobierno condenó a un empleado de la policía de nivel administrativo por traer a dos mujeres peruanas a Chile para su trata con fines de explotación sexual. El empleado fue despedido del organismo y condenado a tres años de libertad provisional y recibió una multa. Las autoridades capacitaron a más de 1.000 policías sobre cómo luchar contra la trata de personas, incluso se convirtió en capacitación obligatoria para todos los detectives nuevos en la academia de policía. El gobierno proporcionó capacitación especializada sobre la trata de personas a otros funcionarios, entre ellos fiscales, trabajadores sociales y funcionarios laborales, a menudo en colaboración con ONG y organizaciones internacionales. Las autoridades chilenas incrementaron el número de empleados en la unidad de investigación policial en Santiago para la trata de personas y el contrabando. La oficina del fiscal nacional nombró a un fiscal en cada región para coordinar las investigaciones y la capacitación sobre la trata de personas y creó un grupo de trabajo interno sobre la trata de personas para asegurar la coordinación entre los fiscales. Las autoridades chilenas reconocieron la necesidad de recolectar un mayor número de datos y de compartirlos y, como parte del acuerdo interinstitucional firmado en diciembre de 2013, se comprometió oficialmente a preparar informes periódicos de estadísticas de las fuerzas del orden público sobre la trata de personas. Los fiscales chilenos reportaron haber colaborado con gobiernos extranjeros en 29 de las investigaciones nuevas y en curso sobre la trata transnacional de personas en 2013.
Protección
Durante el periodo comprendido en el informe, el Gobierno de Chile reforzó las medidas de protección de víctimas aunque los servicios especializados para algunas víctimas continuaron no siendo los suficientes. Los fiscales reportaron haber identificado a 164 posibles víctimas durante el año, un aumento en comparación con las 95 víctimas que se identificaron en 2012. De éstas, 136 fueron víctimas de la trata laboral y 28 fueron víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Es probable que muchos de los menores que fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual fueran identificados como víctimas de otros delitos ya que los funcionarios reportaron haber asistido a 1.095 menores en explotación sexual comercial en 2013. Las autoridades publicaron un protocolo interinstitucional de asistencia a las víctimas que establece guías y responsabilidades para los organismos gubernamentales en cuanto a la atención a las víctimas de la trata de personas. El protocolo fue ejecutado en la región de la capital durante el periodo comprendido en el informe y existen planes para ampliarlo a otras regiones en 2014. Durante el año, los funcionaros publicaron otro protocolo para ofrecer ayuda legal a las víctimas de la trata de personas. Las ONG reportaron que algunos organismos gubernamentales que estaban a cargo de identificar y asistir a las víctimas no tenían la capacitación adecuada, especialmente aquellos que se encuentran fuera de la región de la capital.
En 2013, el gobierno abrió en Santiago un centro de apoyo para las víctimas de crímenes violentos dotado con psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados en la trata de personas. Este fue el primer centro especializado en la provisión de servicios para esta población. Las autoridades chilenas empezaron a capacitar al personal en otros centros en otras partes del país, empezando en la región de Magallanes, para ofrecer asistencia especializada a las víctimas de la trata de personas. De las 164 víctimas que los fiscales reportaron, ocho fueron remitidas a albergues financiados por el gobierno, mientras que otras 69 posibles víctimas recibieron asistencia directa de la oficina del fiscal nacional o de una ONG que recibió el equivalente a unos US$14.000 de la oficina para asistir a las víctimas. No quedó claro qué servicios recibieron las 87 víctimas restantes. Casi todas las ONG que asistieron a víctimas de la trata de personas recibieron alguna forma de financiamiento del gobierno, pero todas reportaron que el financiamiento para estos servicios no era suficiente.
El gobierno siguió financiando un albergue, administrado por una ONG, para uso exclusivo de mujeres adultas víctimas de la trata de personas y sus hijos. El albergue hospedó a ocho víctimas extranjeras durante el periodo del informe, entre ellas tres víctimas de trata laboral. Este albergue abierto proporcionó servicios de salud, migración y empleo y el gobierno gastó en el albergue el equivalente a unos US$182.000 en 2013. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) prestó servicios a menores víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual por medio de su red nacional de 16 centros de atención sin cita previa para menores sometidos a explotación sexual con fines comerciales, incluidos varones, y en 2013, había gastado el equivalente a unos US$2,9 millones en estos programas administrados por las ONG. El SENAME también financió un albergue residencial exclusivamente para menores víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Algunas ONG reportaron que los fondos proporcionados por el SENAME no eran suficientes para proporcionar todos esos servicios y realizar una labor de divulgación entre los jóvenes vulnerables. La asistencia especializada para víctimas masculinas fue limitada. Durante el año, algunas posibles víctimas de la trata laboral fueron hospedadas de forma temporal en hoteles. Los servicios de reintegración como la educación y la reinserción laboral siguieron sin ser suficientes.
Las autoridades chilenas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el enjuiciamiento de delincuentes de la trata de personas. Las víctimas extranjeras que denunciaban el delito a las autoridades podían obtener residencia temporal y permiso para trabajar por un mínimo de seis meses, y 49 víctimas recibieron este tipo de residencia en 2013. Las ONG informaron que la larga espera para esas visas temporales obstaculizaba el acceso de algunas víctimas extranjeras al servicio. El gobierno estaba desarrollando un protocolo para que las víctimas u organismos que representan a las víctimas puedan solicitar esta visa sin considerar si los fiscales habían o no abierto una investigación. La ley también estipula el derecho de las víctimas extranjeras a tramitar la regularización de su condición jurídica en Chile. Durante el año, un juez ordenó a los delincuentes convictos por trata de personas a pagar el equivalente a unos US$20.000 como restitución por la trata de personas con fines de explotación sexual. No se reportó ningún caso en que el gobierno hubiera sancionado a víctimas de la trata de personas por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido objeto de la trata de personas.
Prevención
El gobierno incrementó su trabajo de prevención durante el periodo comprendido en el informe, incluso emitió un plan nacional de acción integral para combatir la trata de personas. El Ministerio del Interior siguió liderando el grupo de trabajo interinstitucional contra la trata de personas, que incluía a organismos gubernamentales así como a organizaciones internacionales y ONG locales, y sus tres subcomisiones se reunieron varias veces durante el año. En diciembre de 2013, los organismos del gobierno chileno, las organizaciones internacionales y las ONG firmaron un acuerdo de cooperación oficial para luchar contra la trata de personas, siendo parte del mismo la ejecución del plan de acción nacional contra la trata de personas que se presentó durante la firma del acuerdo. Durante el periodo objeto del informe, las autoridades nombraron a un funcionario del gobierno en cada región para liderar la ejecución del plan nacional a nivel regional. La región de Magallanes creó en 2013 un grupo de trabajo interinstitucional para tratar la trata de personas a nivel local.
El gobierno lanzó una campaña de concientización nacional sobre la trata de personas y el SENAME siguió informando sobre la explotación comercial sexual de menores por medio de una campaña de concientización permanente. Las autoridades proporcionaron capacitación sobre la trata de personas a las tropas chilenas antes de su despliegue al extranjero para misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El gobierno tomó medidas para reducir la demanda de actos sexuales con menores, pero no reportó ninguna medida específica dirigida a la demanda de trabajo forzado.
