CHILE (Nivel 2)
Chile es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son objeto de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Tanto mujeres y niños chilenos como mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Colombia, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual en el país. Se han encontrado hombres, mujeres y niños, en su mayoría de Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador, que realizaban trabajos forzados en Chile en los sectores de la minería, la agricultura y la hotelería, así como en el servicio doméstico. Las autoridades informan que los inmigrantes chinos posiblemente también sean vulnerables a la trata con fines de explotación sexual y al trabajo forzado. Las autoridades chilenas siguieron encontrando un número creciente de niños involucrados en actividades ilícitas, entre ellas, el transporte de drogas ilícitas, y algunos de esos niños posiblemente hayan sido coaccionados o forzados.
El Gobierno de Chile no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, realiza un gran esfuerzo con ese fin. En el curso del año, el gobierno intensificó la labor de aplicación de la ley; en particular, obtuvo las primeras condenas en el marco de la ley contra la trata de personas promulgada en 2011 y amplió la capacidad de los órganos policiales dedicados a la investigación. Las autoridades ampliaron los servicios especializados, con la inauguración de un albergue para uso exclusivo de mujeres adultas víctimas de la trata y continuaron proporcionando servicios a niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales. Los servicios especializados para las víctimas del sexo masculino siguieron siendo limitados, se observaron deficiencias en la identificación de víctimas y en las directrices para la asistencia, y las autoridades todavía no habían condenado al autor de un delito de trabajo forzado. Recomendaciones para Chile: Intensificar la acción para investigar y enjuiciar todas las formas del delito de trata de personas y condenar y sancionar a los perpetradores; fortalecer las medidas de protección de las víctimas, tanto varones como mujeres, y procurar que tengan acceso a albergues y servicios integrales con un aumento de los fondos para estos servicios; crear e implementar protocolos formales de identificación y remisión de las víctimas para los servicios proveedores de atención directa; continuar fortaleciendo la capacidad de las fuerzas del orden público para investigar activamente los casos de trata de personas fuera de la capital, en particular los que impliquen posible trabajo forzado y servicio doméstico forzado; expedir oportunamente visas temporales a víctimas extranjeras de la trata de personas a fin de que reciban los servicios necesarios; mejorar la recopilación de datos y seguir mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional y la comunicación con organizaciones no gubernamentales, en particular a nivel de trabajo.
Enjuiciamiento
En el curso del año, el Gobierno de Chile intensificó la aplicación de las leyes contra la trata de personas mediante el fortalecimiento de la unidad policial dedicada a esta tarea, la obtención de las primeras condenas en el marco de la ley contra la trata de personas promulgada en 2011 y la continuación del enjuiciamiento y de la condena de los autores del delito de trata infantil con fines de explotación sexual. Las leyes chilenas prohíben todas las formas de trata de personas y prescriben sanciones que van desde cinco años y un día hasta 15 años de encarcelamiento, además de multas, para delitos relacionados con la trata de personas. Estas sanciones son suficientemente estrictas y conmensurables con las que se aplican a otros delitos graves, como la violación. Las autoridades continuaron las investigaciones y los juicios en varios casos de trata infantil con fines de explotación sexual dentro del país, los cuales encararon como explotación sexual de menores con fines comerciales o proxenetismo, que constituyen delitos preexistentes pasibles de penas menores. En el curso del año, las autoridades asignaron más personal y recursos a la unidad policial encargada de investigar la trata y el contrabando, que se había limitado a investigar delitos en la capital. Las autoridades reconocieron la necesidad de recopilar e intercambiar más datos.
Durante el período comprendido en el informe, la policía investigó por lo menos 16 casos de trata con fines de explotación sexual y dos con fines de explotación laboral. El Estado inició por lo menos 158 juicios por trata de personas, entre ellos 16 por trata con fines de explotación laboral y 15 por trata de adultos con fines de explotación sexual, aunque la mayoría eran casos de trata infantil con fines de explotación sexual. En 2012, los tribunales chilenos obtuvieron las primeras condenas en el marco de la ley contra la trata de personas promulgada en 2011 en el caso de cuatro perpetradores acusados de trata interna y transnacional de personas con fines de explotación sexual. Las condenas se situaron entre cinco y 15 años de encarcelamiento; la condena menor se suspendió y se cumplió en forma de libertad condicional inmediata. También se dictó sentencia en el caso de un tratante en el marco de la ley chilena anterior sobre trata transnacional con fines de explotación sexual, a quien se condenó a una pena de 185 días de encarcelamiento, que se consideró cumplida en prisión preventiva. Además, las autoridades informaron que se había condenado a 22 tratantes de acuerdo con las leyes que prohíben facilitar o fomentar la prostitución de menores, pero no informaron sobre las sentencias condenatorias máxima y mínima. En 2011 se obtuvieron 34 condenas en casos de trata con fines de explotación sexual.
No se notificaron investigaciones ni juicios de funcionarios públicos por presunta complicidad en delitos relacionados con la trata de personas. En el curso del año, las autoridades proporcionaron capacitación especializada en materia de trata de personas a agentes del orden público, trabajadores sociales y otros funcionarios públicos, en varios casos en colaboración con ONG y organizaciones internacionales. Las ONG informaron que algunos organismos públicos encargados de proporcionar asistencia a las víctimas carecían de capacitación adecuada. Las fuerzas del orden público colaboraron con otros gobiernos en investigaciones de casos de trata transnacional de personas.
Protección
En el curso del año, el Gobierno de Chile reforzó las medidas de protección con la inauguración de un albergue para uso exclusivo de mujeres adultas víctimas, pero las ONG señalaron la necesidad de tener más servicios especializados, y las autoridades carecían de directrices para identificar a las víctimas de manera proactiva y proporcionarles asistencia. El Estado no empleó procedimientos sistemáticos para la identificación proactiva de las víctimas de la trata de personas en las poblaciones vulnerables o su remisión a servicios, aunque algunos organismos informaron que habían seguido directrices para su identificación. Los fiscales informaron que habían identificado a 95 víctimas de trata de personas en el curso del año. Es probable que muchas de las víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual se hayan identificado como víctimas de distintos delitos, ya que las autoridades informaron que, en 2012, habían proporcionado asistencia a 1.209 niños objeto de explotación sexual con fines comerciales.De acuerdo con las leyes chilenas, se debe proporcionar atención médica, orientación psicológica y servicios de protección de testigos a los adultos víctimas de la trata de personas que colaboren en investigaciones de estos delitos, y las autoridades informaron que habían proporcionado servicios de ese tipo en 2012. No resulta claro qué servicios recibieron las 95 víctimas identificadas, aunque las fiscalías dijeron que habían gastado el equivalente de unos $8.000 para ayudar a las víctimas de la trata de personas. Las autoridades elaboraron un protocolo para la asistencia a las víctimas en el curso del año. En agosto de 2012, las autoridades abrieron un albergue para uso exclusivo de mujeres adultas víctimas de la trata de personas. Asimismo, el Estado sufragó los gastos de un albergue administrado por ONG en el cual se alojaron 15 víctimas extranjeras durante el período comprendido en el informe, entre ellas dos víctimas de trabajo forzado. Este albergue abierto proporcionó servicios de salud, migración y empleo. En 2012, el Estado gastó en el albergue el equivalente de unos $68.000 y recibió fondos adicionales de una empresa privada. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) prestó servicios a menores víctimas de trata con fines de explotación sexual por medio de su red nacional de 16 centros de atención sin cita previa para menores sometidos a explotación sexual con fines comerciales, incluidos los varones, e informó que, en 2012, había gastado el equivalente de unos $2,8 millones en estos programas administrados por ONG. El SENAME también financió un albergue residencial exclusivamente para menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Algunas ONG afirmaron que los fondos proporcionados por el SENAME no eran suficientes para proporcionar todos esos servicios y realizar una labor de divulgación entre los jóvenes vulnerables. La asistencia especializada para víctimas del sexo masculino fue limitada y las ONG señalaron que no se ofrecían servicios adecuados para algunas de las víctimas de la trata de personas.
Las autoridades chilenas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el enjuiciamiento de tratantes. Las víctimas extranjeras que denunciaban el delito a las autoridades podían obtener residencia temporal y permiso para trabajar por un mínimo de seis meses, y cinco víctimas recibieron este tipo de residencia en 2012. Las ONG informaron que la larga espera para esas visas temporales obstaculizaba el acceso de algunas víctimas extranjeras al servicio. La ley también estipula el derecho de las víctimas extranjeras a tramitar la regularización de su condición jurídica en Chile. No se informó sobre ningún caso en que el Estado hubiera sancionado a víctimas de la trata de personas por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido objeto de trata.
Prevención
Durante el período comprendido en el informe, el gobierno continuó la labor de concientización y realizó una evaluación interna de su capacidad para abordar el problema de la trata de personas. El grupo de trabajo interinstitucional constituido con ese fin se reunió tres veces en 2012 y publicó una evaluación nacional de la acción para combatir la trata de personas, en la cual puso de relieve los campos prioritarios para la acción, que sirvió de base para un proyecto de plan de acción nacional. El SENAME siguió informando sobre la prostitución infantil por medio de campañas de concientización. Las autoridades proporcionaron capacitación sobre medidas contra la trata de personas a las tropas chilenas antes de su despliegue en el extranjero para misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El Estado enjuició a personas por fomentar la prostitución de menores, pero no informó sobre ninguna medida específica dirigida a la demanda de trabajo forzado.
